El senador Aníbal Pereyra consideró que Da Silva debió haberse abstenido de participar en el debate por sus vínculos con el sector inmobiliario rural y sostuvo que existe “un intento de desvirtuar el debate”.
La anunciada interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores en Florida, ha reavivado el debate político en torno al rol del Instituto Nacional de Colonización (INC) y los intereses privados en el sector rural.
La iniciativa de llamar al ministro al Parlamento, impulsada por el senador nacionalista Sebastián Da Silva, motivó su renuncia a la Comisión Fiscal de la Cámara Uruguaya de Inmobiliarias Rurales, en un intento por despejar cuestionamientos sobre su vínculo con el rubro.
“Para evitar cualquier tipo de trapisonda, intento de cancelación o chicana berreta previo o durante la Interpelación a Fratti es que acabo de renunciar a la Comisión Fiscal de la CUIR”, explicó Da Silva en una publicación en la red social X.
En el mismo mensaje aseguró: “Nunca estuve vinculado al objeto de la interpelación, ni tengo relación alguna con el mismo, pero la posibilidad de que se exponga innecesariamente a profesionales del rubro me obligan a este paso”.
En la carta de renuncia dirigida a la CUIR, Da Silva expresó que su decisión busca “no exponer ni a la cámara ni a asociados a temas de carácter político”. También argumentó que su renuncia responde a la interpelación que se realizará a Fratti, a quien cuestiona por la compra de la mencionada estancia.
Desde el Frente Amplio, el senador Aníbal Pereyra, en diálogo con Nada que perder esta mañana, puso sobre la mesa los vínculos de Da Silva con el sector inmobiliario rural y expresó que “tiene intereses” porque “está en el negocio inmobiliario”.
Pereyra consideró que el senador nacionalista debería haberse abstenido de participar en el debate, tal como lo establece el reglamento parlamentario cuando existe un posible conflicto de interés.
“Acá hay una intención de hacer caer la compra”, declaró el legislador y sostuvo que existe “un intento de desvirtuar el debate”, puesto que se “incorporan argumentos para generar confusión en la población”.
Según Pereyra, la compra forma parte de una política pública con antecedentes legislativos que han contado con amplio respaldo. “La última ley que fortaleció la ley de colonización fue la 19.187, que fue la ley de repoblamiento de campaña que propuso el exsenador Jorge Larrañaga y que el Parlamento votó por unanimidad”, recordó.
Pereyra defendió el valor estratégico de la operación realizada por el INC, y manifestó que “va a dinamizar la lechería” y que puede convertirse en un “polo educativo” para la zona.
“Nuestro país, o gran parte de la economía de nuestro pueblo, vive de la producción agropecuaria”, mencionó el legislador. Asimismo, agregó que, como país, Uruguay no ha encontrado “políticas que impliquen cómo se incentiva para que la gente que conoce un oficio pueda seguir viviendo en ese lugar donde nació y en este caso en el campo. Y Colonización juega un rol fenomenal”.
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