Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Da la impresión de que hay gente a la que sigue sin gustar el Observatorio de Violencia de Género y busca darle un par de golpes certeros
02/11/2020
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Entrevistada en InterCambio la abogada y activista feminista Marina Morelli alertó contra el retroceso social y legal en violencia de género que implican las modificaciones de la Ley de Presupuesto a la Ley 19.580.  

Es que el artículo 483 del Proyecto de Ley de Presupuesto establece varios cambios de signo negativo al artículo 18 de Ley 19.580, por la que se creó en 2017 el Observatorio de Violencia Basada en Género, que “tuvo una discusión larga” y con una amplia participación social, recordó Morelli.

“El producto de todo eso fue la creación de este Observatorio” en cuanto “órgano mixto” diseñado para “medir políticas públicas” en la materia y hacer recomendaciones al Estado. “Es muy superador”, valoró la activista.

Pero ahora, “impacta que mediante un artículo de la Ley de Presupuesto (…) se venga a modificar” aquel avance superador y que así se “cause un impacto tan regresivo”, que además supone “un desprecio a la sociedad civil organizada”, por ejemplo “a la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual”, organización que “existe hace 30 años”, cuando aún “el Estado sostenía que la violencia en los hogares no existía”, lamentó.

Con el citado cambio del articulado, “al excluir a la sociedad civil” de la presencia en el Observatorio “se está quitando la experticia acumulada” durante “más de tres décadas por nuestras organizaciones sociales”, anotó.

“Con esta exclusión” el Presupuesto “convierte un ámbito mixto en un órgano exclusivamente gubernamental”, que de esa forma pierde “sentido democrático” al quedar integrado sólo “con representantes del gobierno”. “Causa un poco de risa si el tema no fuera tan dramático (…) hubiera sido mucho más honesto liquidar el Observatorio que convertirlo en esto”.

“Otra” modificación regresiva consiste en “dejar de lado la exigencia de ser profesionales con formación académica” quienes integren el Observatorio y  “se pasa a exigir que sean personas idóneas”. Y que “quien va a definir la idoneidad también va a ser el gobierno”, con lo que “nos van encerrando en un círculo un poco perverso” dado que, además, operará “una comisión honoraria” sin mayor compromiso con la problemática. “Es inconcebible”. 

Morelli agregó que el Estado aporta al Observatorio poco más de 6.000 pesos mensuales, por lo que no puede haber un fundamento financiero para des-jerarquizarlo de esa forma. “¿6.200 y pico por mes será considerado un despilfarro?”, se preguntó. “Hablamos de una cifra irrisoria, ínfima”.

“Me da la impresión de que hay gente a la que sigue sin gustarle mucho” la vigencia de la Ley 19.580 y que apuesta a “darle un par de golpes certeros en algunos institutos” para tornar inviable su aplicación, sin explicitarlo.

Más adelante Morelli desarrolló el tema de las debilidades e incongruencias del Estado para garantizar el funcionamiento mínimo de los juzgados especializados en violencia de género e inclusive su misma existencia.