Cuestionamientos de Cabildo Abierto a la Justicia: ¿Venganza por procesamiento de militares o pura coincidencia?
03/08/2020
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El 10 de marzo de 2019 se fundaba Cabildo Abierto como partido político, expresando en sus principios que “a partir del ideario artiguista se define una concepción del hombre, una concepción de la economía social y una concepción de la vida en comunidad”.

Con un discurso nacionalista y citando constantemente al artiguismo, obtuvo en las elecciones de octubre de 2019 el 11% de los votos, que lo llevaron a tener 3 bancas en la Cámara de Senadores y 11 en la de Representantes. También integraría la coalición multicolor que llevó a Luis Lacalle Pou a la presidencia de la República, ocupando posteriormente dos ministerios: Vivienda y Salud Pública.

El 23 de julio de este año, quien fuera candidata a diputada por Cabildo Abierto en Colonia, Alba Berreta, le dijo a Búsqueda que “es un secreto a voces que en Cabildo manda un grupo militar”.

También afirmó que se alejaba de esta colectividad porque entiende que, totalmente alejados de sus bases, se empezaron a visualizar “verticalazos”.

Pero no es la primera vez que se escucha algo así en el espectro político. Pocos meses después de la aparición de este partido político y camino a las elecciones internas de junio de 2019, el hoy integrante de la coalición multicolor junto a Cabildo Abierto y Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo a Radio Carve que ese sector maneja un discurso “autoritario”, con un cuestionamiento ”negativo” a la Justicia, y aseguraba que no veía viable llegar a un acuerdo de cara a las elecciones nacionales de octubre. Aunque esto último terminaría sucediendo.

Ya con Guido Manini Rios y Guillermo Domenech como fórmula en carrera hacia las elecciones de octubre de 2019, este último acusó a la Justicia de nuestro país de querer incidir en el resultado electoral, politizando a la justicia y judicializando a la política, según dijo Domenech.

En los primeros días de octubre de 2019, el en ese entonces candidato a Presidente de la República por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló en un acto en el barrio Casabó, y acusó a la Fiscalía General de la Nación de “operar como brazo del Poder Ejecutivo”.

En ese momento, también Guillermo Domenech afirmó que “es claro” que la Fiscalía no es independiente y que el Fiscal General de la Nación estaba mandatado por el Presidente de la República, opinando que “50 mil voluntades valen mucho más que la opinión del señor Fiscal”.

También en estos primeros días de octubre de 2019 y luego de estas declaraciones de los integrantes de la fórmula presidencial de Cabildo Abierto, el Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, recordó que la Fiscalía había imputado a un vicepresidente de la República en funciones y dijo que la falsedad de la acusación de Manini se demuestra fácilmente por la vía de los hechos.

Quién en ese momento era candidato a Presidente de la República por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, marcó a las declaraciones de Guido Manini Ríos como “un pequeño problema” que tendrá que ser discutido en caso de que su partido integre una posible coalición de gobierno junto a Cabildo Abierto. Cosa que también terminaría sucendiendo.

Talvi dijo que las decisiones de la Justicia “se pueden cuestionar, pero se acatan”.

Días antes de la primera vuelta de las elecciones nacionales en octubre de 2019, el presidenciable Guido Manini Ríos anunció que Cabildo Abierto presentaría un “proyecto de ley para asegurar la independencia del Poder Judicial”.

También luego de que Guido Manini Rios cuestionara la independencia con la que trabajan los fiscales respecto al Poder Ejecutivo desde la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, el legislador colorado Ope Pasquet dijo al programa No Toquen Nada de FM Del Sol que “es falso decir que ahora los fiscales dependen del Poder Ejecutivo”.

Sobre el proyecto de ley anunciado por Manini, Pasquet dijo que “hay un error jurídico de base. Los fiscales dependían antes del Poder Ejecutivo. Eran una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. Estaban sometidos de la forma más centralizada y jerárquica posible al Poder Ejecutivo. Cuando se sancionó el nuevo código estuvimos todos de acuerdo en que los fiscales que iban a tener un rol tan importante en la investigación de los delitos, no podían estar subordinados al Poder Ejecutivo”.

Ya en noviembre de 2019, Cabildo Abierto hace un aporte fundamental a la “coalición multicolor” para el triunfo en la segunda vuelta electoral de las últimas elecciones nacionales.

En marzo asume Luis Lacalle Pou como Presidente de la República y Guido Manini Rios como uno de los tres senadores de su fuerza política.

El 14 de abril de 2020 en medio de la pandemia, Manini Ríos volvió a cuestionar a la justicia haciendo uso de la palabra en la media hora previa a la sesión de la Cámara de Senadores, luego del procesamiento con prisión del capitán retirado Lawrie Rodríguez.

Rodríguez había sido llevado a la Justicia por el caso del asesinato de Iván Morales Generalli en la última dictadura militar.

Por este motivo, el senador Guido Manini Rios se preguntó: ¿hasta cuando se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace más de 50 años?

Luego de estas declaraciones, Adrián Peña, senador colorado e integrante de la coalición multicolor junto a Cabildo Abierto, dijo a El Espectador que «es base del Estado de Derecho» que «la Justicia como poder independiente debe ser respetada» y que estos dichos de Manini Ríos son “inadmisibles”.

En junio de este 2020, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, cuestionó el procesamiento del militar que mató en 1972 a Nelson Berreta,
Lozano dijo que hay una «persecución ideológica de venganza, que nada tiene que ver con Justicia» y afirmó que su sector «no se iba a quedar callado».

En estos meses, volvió a estar sobre la mesa el caso que surgió en octubre del año pasado, dónde se difundieron vía redes sociales, dos audios en los que el exintendente de Colonia, Carlos Moreira, decía estar dispuesto a renovar pasantías en la intendencia a cambio de sexo.

Luego de varias instancias, las fiscales Paola Nebot y Natalia Charquero determinaron días atrás que el ex intendente no se apartó del reglamento que regula la renovación de las pasantías en la comuna, por lo que solicitaron el archivo del caso.

Después de esta determinación, el Fiscal General Jorge Díaz ordenó una investigación administrativa sobre la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, al saber que fue militante del Partido Nacional y, según trascendió, habría integrado el equipo asesor de Lacalle Pou en materia de seguridad.

Esto generó diferentes reacciones por parte del sistema político, entre las que se destacaron las acciones de los integrantes de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech y Eduardo Lust.

Domenech expresó, tras salir de un encuentro realizado en Torre Ejecutiva dónde pidieron la destitución del fiscal de Corte, que esto es una intromisión en la independencia de los fiscales.

Luego de una reunión con el Presidente de la República, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que le planteó a Lacalle Pou sus motivos para destituir al fiscal Jorge Díaz.

Sostuvo a la salida de Torre Ejecutiva que hay “preocupación por los atropellos que se siguen dando a los principios del derecho con acciones de la Fiscalía que ya son intolerables”.

Luego de esta serie de cuestionamientos a la Justicia por parte de Cabildo Abierto, la diputada Elsa Capillera dijo la pasada semana en entrevista con TV Ciudad, que el pedido de remoción del Fiscal General de la Nación esta vinculado a su postura con respecto a los procesamientos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Cómo último elemento, Guido Manini Ríos propuso reinstalar la Ley de Caducidad derogando la ley interpretativa.

Esta serie de cuestionamientos a la justicia, ¿será venganza por procesamientos de militares o pura casualidad?