Cuando la policía termine desalojos de dos asentamientos de Santa Catalina quedarán 2.000 personas en la calle, dijo abogado Juan Ceretta

El Estado pretende desalojar sin dar solución habitacional a unas 2.000 personas de los asentamientos San Miguel y Nuevo Comienzo, del barrio montevideano de Santa Catalina, según explicó Juan Ceretta.

En entrevista realizada por Mejor Hablar, el abogado Juan Ceretta cuestionó el operativo policial para detener y desalojar a un conjunto de personas en el asentamiento San Miguel, que a su juicio "se llevó a cabo con notorios desajustes para lo que es un procedimiento judicial".

El desalojo se realizó el pasado miércoles 16. Según explicó el abogado, si bien existía orden judicial la misma no se comunicó ni se exhibió, lo cual generó confusión en los vecinos.

Ceretta subrayó que en cualquier procedimiento policial se deben evitar los daños colaterales innecesarios. Puntualizó que, en particular, cuando se hacen allanamientos aleatorios hay que tener en cuenta que en esos lugares habitan familias con niños y que estos no pueden ser víctimas del procedimiento. "No podemos dejar niños pequeños en cuidado de adolescentes de 13 años", argumentó.

Por otra parte, Ceretta detalló que hasta el momento no se visualizan soluciones y parecería que cada repartición del Estado actúa siguiendo sus objetivos de forma descoordinada. Señaló que si la idea es perseguir penalmente a estas personas se les aplicaría el delito de usurpación.

Comentó que como estas personas no tienen domicilio permanente irían a prisión y, por consiguiente, el Estado debería construir una nueva cárcel, dado que no hay cupos disponibles en las actuales. "Y si pretenden atender esa situación mediante el Mides, van a tener que crear 2.000 nuevos refugios", detalló Cerreta.

"Ya que el gobierno no parece dar una solución, ojalá que por la vía parlamentaria se pueda acceder a la suspensión de desalojos en los asentamientos", concluyó el entrevistado.