La asociación de expresos políticos señaló que la última elección del directorio “mediante un reparto político” que “no contempló el mapa electoral del país”, condujo a una “grave crisis institucional".
Ayer se presentaron en la comisión bicameral del Parlamento los cinco postulantes a ocupar un cargo en el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), tras la renuncia de Wilder Tayler, que fue quien lideró la búsqueda de detenidos desaparecidos en la institución.
En este contexto, la asociación de expresas y presos políticos del Uruguay (Crysol) emitió ayer un comunicado en el que expresa su rechazo a que grupos políticos o parlamentarios presenten candidatos a integrar la Consejo Directivo de la INDDHH.
“Reduce y limita al máximo las posibilidades de las organizaciones de la sociedad civil organizada para incidir en el proceso y desnaturaliza el papel de la Institución”, señala el comunicado al respecto.
A su vez, Crysol manifiesta que la última elección de los directivos de la INDDHH “mediante un reparto político” que “no contempló el mapa electoral del país”, condujo a la institución a una “grave crisis institucional en todos los planos”. “La actual presidenta, que debería haber renunciado, fue cuestionada por incurrir en abuso laboral y el Parlamento deberá expedirse al respecto”, agrega.
El colectivo llamó a “todas y todos los parlamentarios a que muestren su compromiso con la búsqueda de personas de detenidas y desaparecidas" votando a la exjueza Mariana Mota, en línea con lo propuesto por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, junto a otras organizaciones.
“En su trayectoria, Mariana Mota ha demostrado un enorme compromiso e idoneidad para continuar implementando lo establecido en la Ley 19.822”, agrega en alusión a la norma que permite a la institución la búsqueda para personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.
Además de Mota, se postularon los nombres de la exfiscal Gabriela Fossati y exdefensora pública Luz Dupetit; los nombres de la exdirectora de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social Rosa Méndez y el del abogado Daniel Bruno quedaron fuera de la convocatoria por una “incompatibilidad” detectada por la Oficina de Servicio Civil, informó La Diaria.
El primer llamado a sala de la Asamblea General para la elección se desarrollará el 9 de julio. Para llegar a una definición, una de las candidatas deberá contar con el respaldo de dos tercios del cuerpo de la Asamblea.
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