El actual ministro de Ambiente definió como un "pesado legado" a Neptuno, proyecto que mantuvo varios frentes abiertos: sociales, académicos y políticos, por su inconveniencia e inviabilidad desde la perspectiva jurídica, ambiental y económica. Te explicamos estos cuestionamientos.
Este viernes 18 de julio representantes del Ejecutivo explicarán cuál ha sido la definición adoptada por el gobierno en torno al cuestionado proyecto Neptuno, para el suministro de agua potable en el área metropolitana, firmado por la anterior administración en plena transición.
"Seguimos resolviendo temas", dijo ayer en Nada que perder el diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir cuando fue consultado por la decisión del gobierno de descartar el proyecto Neptuno -difundida extraoficialmente el miércoles- y proponer al consorcio Aguas de Montevideo, encargado de la obra, la construcción de una planta potabilizadora en Aguas Corrientes, Canelones.
El anuncio oficial tendrá lugar hoy a las 19:30 horas en Torre Ejecutiva, en una conferencia que contará con la presencia del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño y el presidente de OSE, Pablo Ferreri. Además, estarán representantes del consorcio privado.
Con esta definición, el gobierno liderado por Yamandú Orsi revolvería un "pesado legado", como fue definido Neptuno por Ortuño, que por otro lado mantuvo varios frentes abiertos desde su anuncio: sociales, académicos y políticos, por su inconveniencia e inviabilidad desde la perspectiva jurídica, ambiental y económica.
El proyecto y sus cuestionamientos
El proyecto Neptuno fue una iniciativa privada presentada por el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou en marzo de 2021 y aprobada en noviembre de 2022. El contrato se firmó el 23 de enero de 2025. “Es la inversión en agua potable más importante en 150 años”, sostuvo el entonces presidente Lacalle Pou.
Neptuno preveía la construcción de una nueva planta potabilizadora en Arazatí, en San José, que tomaría agua bruta del Río de la Plata. Esa usina cubriría el 30% de la demanda del área metropolitana donde viven 1,7 millones de uruguayos.
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, entre otras organizaciones, consideraba que Neptuno, al estar en manos de privados, vulneraba el artículo 47 de la Constitución uruguaya, según el cual “el servicio público de abastecimiento de agua” para el consumo humano debe ser prestado “exclusiva y directamente” por el Estado.
Además, Neptuno presentaba problemas ambientales que fueron explicados por académicos de la Udelar. En ese sentido, el proyecto iba a instalar la toma de agua bruta en un área del Río de la Plata afectada por la floración de cianobacterias tóxicas. Por otro lado, los valores de salinidad registrados en la zona, 86 días al año según mediciones de OSE, hacían necesaria la construcción de una reserva de agua dulce. Neptuno no contaba con una planta desalinizadora.
Otro argumento en contra: los costos de Neptuno. La inversión privada rondaría los 300 millones de dólares, pero el Estado terminaría pagando, en el transcurso de 17 años, 890 millones de dólares. Esto repercutiría en la tarifa del servicio de OSE, tal como lo planteó el Movimiento por un Uruguay Sustentable.
Cuando la administración firmó el contrato en enero de este año, en plena transición, el entonces ministro de Ambiente designado lo definió como “un legado pesado” que dejaba a OSE en una situación “crítica” por el financiamiento de la obra. Ortuño fue una de las figuras del actual gobierno que más cuestionó la concreción de este proyecto.
Vencido este plazo, está previsto que el gobierno anuncie oficialmente hoy la decisión de dejar sin efecto esta iniciativa y llevar adelante otras obras, como una nueva planta potabilizadora en el río Santa Lucía, sin rescindir el contrato con Aguas de Montevideo. Esto evitaría un juicio contra el Estado, según explicó Valdomir, ayer en M24.
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