La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia dispuso que cumpla la pena en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.
El juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, dispuso este martes la detención de Cristina Fernández de Kirchner bajo la modalidad de prisión domiciliaria, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó la condena contra la exmandataria por la “causa Vialidad” a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La prisión domiciliaria será cumplida en “la vivienda ubicada en la calle San José 1111, piso segundo, departamento ‘d’” de la ciudad de Buenos Aires, según consta en la resolución judicial, que le fue notificada a Fernández a través de Zoom, con el objetivo de evitar que se concrete la movilización hacia los tribunales de Comodoro Py prevista para este miércoles, informó Página 12.
El juez ordenó la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica a la expresidenta y le impuso un conjunto de reglas de conducta. Entre ellas, que “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”. Además, “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
En un plazo de 48 horas hábiles, Fernández de Kirchner deberá presentar “una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial”.
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal será la encargada de supervisar la ejecución de la prisión domiciliaria y deberá elevar un informe trimestral al tribunal. “Período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas”, señala la sentencia.
Sobre la causa Vialidad
La denominada causa Vialidad es una investigación judicial que analizó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el que Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de la Nación y previamente senadora. Se la acusa de haber liderado una asociación ilícita con el fin de direccionar contratos de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.
A fines de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y dispuso el decomiso de $84.835 millones, tras comprobar un esquema que benefició a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas.
La defensa de la expresidenta cuestionó la imparcialidad del tribunal y la valoración de las pruebas, pero la Corte Suprema resolvió la semana pasada que esos argumentos no demostraron arbitrariedad ni violaciones a derechos constitucionales.
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