Crisis en El Salvador: ¿Se viene el impeachment al presidente, Nayib Bukele?
13/02/2020
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«La Junta Directiva y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa han decidido guardar algunos elementos como probatorios del delito constitucional que se ha cometido», dijo a Sputnik el diputado salvadoreño Damián Alegría, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Se refería al asalto al Parlamento por parte de las Fuerzas Armadas, encabezado por el presidente, Nayib Bukele, el domingo 9 de febrero. Ese día el mandatario había autoconvocado a una sesión extraordinaria para que el Legislativo apruebe un préstamo de 109 millones de dólares en el marco de la llamada Fase 3 del Plan de Control Territorial contra la delincuencia.

Lo hizo amparándose en un artículo constitucional que permite esta acción en caso de urgencia. «Pero este no era el caso», dijo Alegría, al puntualizar que el tratamiento del préstamo estaba siendo analizado en las comisiones respectivas.

Bukele llegó a la sede de la Asamblea y «llevó a cabo una invasión con las Fuerzas Armadas» en un intento por forzar la discusión del préstamo. Pero no tuvo quórum. Entonces se retiró y dio un discurso en el exterior emplazando a los legisladores que si no le aprobaban el préstamo en el transcurso de la semana, volvería al domingo siguiente.

Alegría dijo que Bukele fue impulsado «por una cuestión de ego. Quiere hacer sentir que es el que manda más, pero claramente la Constitución marca que hay tres órganos del Estado y él es el presidente de uno de esos órganos. Pero no tiene derecho a interrumpir, violentar o someter a los otros órganos del Estado».

Lo mismo entendió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó al mandatario abstenerse de usar a las Fuerzas Armadas para fines ajenos a los establecidos en la Constitución. Bukele dijo en un comunicado que acataría la decisión pero que creía que podía entorpecer la labor del Gobierno.

Presidente bajo acusación

A raíz de estos hechos la Asamblea Legislativa condenó el accionar presidencial. Pero no solo eso, también solicitó la apertura de una investigación al fiscal de la República.

«Él debe investigar lo que pasó y opinar o decir su resolución final de condena a esto. No creo que el fiscal vaya a decir que ‘no fue un problema así que sigamos trabajando’. Esperaría que se plante también y lo condene», apuntó el legislador de izquierda.

Alegría dijo que en el caso contrario «el presidente de la República puede volver a hacer esto, y creo que es importante poner paro a esta violación no solo de las leyes sino al espíritu de los acuerdos de paz».

El entrevistado sostuvo que la imagen de un presidente tomando por la fuerza el Parlamento le dio «mucha tristeza». «Son escenas que se vieron en la dictadura militar que después de una lucha dura y sangrienta de 12 años nuestro país logró dejar atrás con los acuerdos de paz que desaparecieron la dictadura militar y se abrieron las puertas de la democracia».

Funcionarios bajo sospecha

Alegría explicó que hasta el momento el Legislativo le aprobó al Ejecutivo de Bukele préstamos por valores millonarios, pero que este en particular genera desconfianza porque, entre otras cosas, «no conocemos, no está escrito en ningún lado las características del Plan de Control Territorial».

Además mencionó que 25 de los 109 millones solicitados se destinarán a la compra de cámaras de videovigilancia. «Es un contrato que nos suena raro», indicó y explicó sus razones.

Contó que el año pasado «el viceministro de Seguridad, que también es el director de Centros Penales, hizo un viaje en avión a México. Y cuando todo el mundo le preguntó a qué se debía, dijo que había sido invitado por el Gobierno de México. Pero el Gobierno se deslindó de inmediato y dijo que no lo había invitado. Desde entonces quedó la duda».

El integrante de la bancada del FMLN sostuvo que el funcionario nunca quiso aclarar los hechos, que también involucrarían «al superintendente de Energía y Telecomunicaciones y posiblemente a otros funcionarios». Dijo que incluso fue a la Corte Suprema «para intentar ocultar el dato».

«Ahora sabemos que la empresa que va a vender esos 25 millones es la que financió el viaje. Entonces hay un consenso de que eso no es sano para las finanzas públicas porque no puedes comprometer fondos a cambio de prebendas para el funcionario».

Las pruebas del delito

En este contexto, Alegría dijo que entre los elementos que las autoridades legislativas decidieron guardar como pruebas del delito constitucional en el que habría incurrido el presidente Bukele figura «la campana que utilizó para iniciar la sesiones plenarias y también el sillón donde ilegalmente el presidente de República llegó a tomar posesión como si fuera presidente de la Asamblea Legislativa».

Por otro lado señaló que la Comisión de Hacienda discute por estos días si archivar el préstamo a la luz de estos hechos y sumarlo al resto «de los elementos que van configurando lo que podría ser un juicio político contra el presidente».

Preguntado si considera que sería posible iniciar una acción de este tipo, Alegría espera que si. Sin embargo, advirtió que «depende de la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, porque vemos algunos que todavía quieren justificar esta violación a la Constitución que ha cometido el Presidente de la República»

«Pero esto no ha terminado todavía. Se está analizando. Estamos pidiendo la fiscal que se pronuncie» para seguir sumando elementos antes de tomar la decisión política de enjuiciar al Parlamento por parte del Poder Legislativo.