Crecen los casos de corrupción en la región en plena pandemia
07/07/2020
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«No existen mecanismos ágiles y eficientes para combatir la corrupción, un cáncer que se va haciendo cada vez más grande», advirtió a Sputnik la exmagistrada guatemalteca Claudia Escobar sobre los cientos de casos surgidos en la región en el marco de la pandemia del COVID-19.

La compra en Bolivia y Brasil de ventiladores a un sobrecosto millonario son un ejemplo. Pero también los hay en Paraguay, Chile, Honduras, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú o República Dominicana, entre otros países.

En Colombia, al menos 14 de los 32 gobernadores del país son investigados por delitos incurridos en el marco de la emergencia sanitaria. Las denuncias abarcan desde malversación de fondos, concesión ilegal de contratos sin concurso público, hasta alteración en los precios de los mercados para las familias pobres y en las transferencias monetarias.

En Perú se habían iniciado hasta el 23 de junio 869 investigaciones sobre irregularidades o delitos vinculados en su mayoría a cómo el Estado y sus gobernantes gestionan la pandemia.

«Esta crisis de salud a la que nos enfrentamos ha puesto en evidencia las falencias de las instituciones y especialmente de los sistemas de justicia», afirmó Escobar, una de las integrantes de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador.

«Son problemas que existían pero que tal vez no visualizamos de la misma manera que lo estamos viendo en este momento, que es cuando las instituciones tendrían que funcionar bien y las debilidades que tiene se hacen más evidentes», añadió.

El problema de la confianza

Escobar tuvo a cargo varios casos de corrupción como jueza en Guatemala. Quizá el de mayor impacto fue el que puso tras las rejas en 2018 al expresidente del Congreso, Gudy Rivera, que cumple pena por tráfico de influencias y cohecho.

Escobar pudo comprobar cómo operaba políticamente para influir en la designación de los magistrados de la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, años después poco ha cambiado en su país: «Actualmente hay pugna en los nombramientos a las altas cortes donde se está evidenciando la injerencia no solo de la clase política sino de un crimen organizado que ha cooptado las instituciones», consideró.

«La independencia judicial va de la mano de las designaciones en altas cortes», aseveró Escobar. Según el entrevistado, en el proceso de deterioro «la más afectada es la ciudadanía, que pierde confianza en las instituciones y por tanto prefiere no denunciar. Y eso debilita la democracia», acotó.

«Esto genera de alguna manera mayores problemas sociales porque las personas que buscan justicia la van a intentar obtener de otras maneras, y muchas veces lo hacen a través de mecanismos violentos», planteó.

La exmagistrada puso como ejemplo lo que ocurre en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. «Son los tres países más violentos de la región y donde existen grandes problemas en sus sistemas de justicia», resaltó.

Tarda y a veces no llega

Escobar entiende que «para poder combatir la corrupción se necesitan distintos elementos, desde las actuaciones de la sociedad civil, una prensa independiente que logre hacer investigaciones, y sistemas de justicia sólidos, imparciales. En estos temas hay que trabajar».

La entrevistada planteó algo similar cuando le tocó, junto con otros especialistas, participar el 18 de junio del foro virtual Diálogo de Políticas «Corrupción y COVID-19», liderado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

«Yo creo que hacen falta organismos internacionales que nos ayuden a combatir esta corrupción, sea través de la cooperación en la investigación o a través de instituciones que deben ser creadas para fortalecer los sistemas nacionales», apuntó.

En cuanto a qué tipo de organismos serían necesarios, Escobar dijo que se «podría crear una Corte Internacional Anticorrupción, una propuesta que ya existe (…) o incluso ampliar las facultades de los organismos que ya están. Hay que evaluar distintas iniciativas», propuso.

En la región rige el Sistema Interamericano de Justicia, compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera es asesora de la segunda y sus pronunciamientos no son vinculantes para los países que integran la OEA, como sí lo son los de la Corte.

«Es muy valioso el trabajo del sistema interamericano» destacó Escobar. Pero a la vez dijo que era necesario «reconocer que es muy lento. Y que para que un caso llegue ser resuelto pueden pasar años o décadas. Lo que tenemos que tratar es que sean sistemas más eficientes», sentenció.