La detección de consumo de cannabis en el trabajo genera controversia por posibles abusos, vacíos legales y su impacto en la vida privada de los trabajadores.
El informe Desde adentro, del periodista Diego Martini para Nada que perder, aborda los reclamos de trabajadores y organizaciones vinculadas al cannabis sobre controles laborales que, según afirman, se aplican de forma abusiva.
Aunque existe un decreto que regula estos procedimientos, se señala la falta de garantías claras para quienes consumen marihuana fuera del horario laboral y sin que ello afecte su desempeño.
Un trabajador relató a Nada que perder su experiencia en una empresa que desde enero aplica un protocolo de detección de drogas. “El primero que me hicieron me dio positivo”, contó, y desde entonces comenzó a ser sometido a controles con mayor frecuencia. Aseguró que no consume durante la jornada laboral, pero que “influye” en su vida privada porque “uno siempre está pensando en qué hacer para no condicionar el trabajo”.
El trabajador fue suspendido durante 10 días tras el primer resultado positivo y luego sancionado nuevamente, lo que, según explicó, genera un clima de vigilancia constante: “Me ha dado resultado positivo igual, incluso sin consumir durante una semana”, dijo.
En tanto, el referente de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA), Julio Rey, explicó que “se están usando test de saliva para detección de marihuana que superan la ventana de detección de las 72 horas”. Según Rey, los análisis no detectan THC, sustancia responsable de los efectos psicoactivos, sino metabolitos. “Puede darte positivo y no necesariamente estar vos bajo los efectos de la cannabis”, aclaró.
La normativa vigente, el decreto 128/2016, establece los criterios para detectar consumo de sustancias, pero no especifica qué tipo de test debe utilizarse. Para Rey, esto permite la implementación de controles que “afectan la vida privada de las personas” y consideró que “no es lícito”, ya que el artículo 10 de la Constitución protege las acciones privadas de los ciudadanos.
Otro de los aspectos criticados es que el decreto permite considerar tres o cuatro resultados positivos consecutivos como causal de despido. “Esto expone a los usuarios y usuarias de marihuana que acceden legalmente a la sustancia y que la consumen sin mayores problemas de salud”, afirmó Rey.
Desde el ámbito jurídico, la abogada Valentina Piquinela destacó que el decreto prevé la creación de protocolos de actuación a través de cámaras bipartitas en cada sector de actividad. “El primer requisito es que este protocolo de actuación definido en el decreto se aplica siempre que este lugar de trabajo no tenga una cámara bipartita de intercambio entre trabajadores y empleadores”, explicó.
Además, subrayó que la norma busca “la protección del trabajador” y no prevé que una prueba positiva por sí sola pueda derivar en sanciones graves. En su opinión, “es urgente estandarizar cuáles son los mecanismos de valoración de estas pruebas” y evitar sanciones ante conductas que “no implican ningún síntoma de riesgo para el desarrollo de esas funciones”.
El tema fue abordado recientemente en una reunión entre la Agrupación de Cultivadores de Cannabis, la Inspección General del Trabajo y el PIT-CNT. El inspector nacional de Trabajo, Luis Puig, dijo que “es un tema complejo” y adelantó que se formará un grupo de análisis. “Nuestra idea es poder trabajar con total seriedad sobre el tema porque también tiene que ver con los derechos de los trabajadores”, expresó.
Entre las alternativas planteadas, se mencionó la posibilidad de aplicar los mismos test que se utilizan en controles de tránsito, los cuales tienen una ventana de detección de unas ocho horas. Esto permitiría identificar situaciones de consumo reciente sin afectar a quienes consumen de forma legal en su tiempo libre.
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