La estrategia fue elaborada con aportes de múltiples organismos y será elevada al Poder Ejecutivo para su aprobación definitiva.
Este miércoles, en la Torre Ejecutiva, se aprobó la nueva estrategia nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La reunión contó con la participación de representantes de varios ministerios, el Banco Central del Uruguay, la Fiscalía de Corte y otros organismos públicos.
La titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, destacó que el documento aprobado está basado en la evaluación nacional de riesgo realizada en 2023.
Libonatti explicó que “la administración anterior había realizado una propuesta de modificación” en la que se estuvo trabajando y se le hicieron cambios que desde la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo se entendieron pertinentes.
“Todos los integrantes de la comisión hicieron sus aportes, sus ajustes y, finalmente, estamos aprobando esta estrategia con la que todos estamos de acuerdo y estamos comprometidos”, expresó la titular de la Senaclaft.
Por su parte, Ricardo Gil Iribarne, asesor de la Senaclaft y expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, subrayó en Nada que perder que “el tema lavado es un tema serio para Uruguay”, que no corresponde solamente a un organismo del Estado.
“Es un problema de todo el sistema, donde cada uno juega roles distintos, pero tiene que estar todo el mundo consciente, participando, motivado”, indicó.
Gil Iribarne explicó que el proceso de definición de la estrategia se realizó en el marco de la comisión coordinadora, ámbito que reúne a actores clave y que no se trata de “coordinación operativa, sino de coordinación de las políticas”.
En tal sentido, el asesor sostuvo que “toda esa escala de coordinación es fundamental”, ya que “sin eso, esto no camina” y se seguirán teniendo “pocos resultados”.
La estrategia ahora será elevada al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al Poder Ejecutivo para su consideración final.
La reunión, que fue encabezada por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, también contó con la presencia de las subsecretarias de Interior, Gabriela Valverde, y de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; la fiscal de Corte, Mónica Ferrero; y representantes de los ministerios de Educación y Cultura, Defensa Nacional, y Economía y Finanzas.
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