El INC defendió la compra como parte de una política de acceso a tierras para “las nuevas generaciones de productores rurales”.
El Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió este miércoles ratificar el gasto sobre la compra de la estancia María Dolores, un predio de unas 4.400 hectáreas en Florida por 32 millones de dólares, que había sido observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
“La decisión, aunque discutida y quizás demorada en exceso, sin embargo tiene la fortaleza de la misma transparencia legal y administrativa que ha sido criterio de toda la gestión del órgano de gobierno de tierras del Estado, y del Presidente de la República”, señaló el INC en un comunicado.
El organismo defendió la compra como un compromiso institucional con “la justicia pública, las gremiales agropecuarias, las organizaciones familiares y las nuevas generaciones de productores rurales, mediante una política pública de acceso a la tierra en fines de desarrollo rural”.
En cuanto al impacto proyectado de la inversión, se indicó que, con esta compra, el Estado destina recursos “en un activo cuyo valor crecerá, pero además permitirá el desarrollo de pequeñas y medianas industrias agropecuarias y nuevas economías rurales y territoriales”.
En relación a la comparecencia parlamentaria prevista, el organismo la definió como “una gran oportunidad para explicarle a la opinión pública el valor de esta inversión, tanto productivo como social y de perspectiva futura”.
“Nos interesa mucho que este tema se laude de una vez por todas para poder trabajar tranquilos y demostrarle a toda la ciudadanía que el país ha hecho un esfuerzo muy importante, pero que va a ser retribuido con creces” sostuvo este miércoles el presidente del INC, Alejandro Henry Rodríguez, en diálogo con Subrayado.
A finales de junio, el TCR le hizo cuatro observaciones a la compra de la estancia María Dolores: que Colonización tenía falta de disponibilidad presupuestal; que el gasto superaba la asignación presupuestal anual del organismo; que la compra directa requiere de cuatro de los cinco votos del Directorio (y hubo tres), y que hay una prenda sobre el sistema de riego.
Al respecto, el senador Sebastián Sabini había dicho a M24 que las cuatro observaciones eran de “carácter político” y aseguró que los cuatro cuestionamientos “se pueden levantar”.
En tal sentido, este miércoles se conoció un informe emitido por la división jurídica del INC que respalda la adquisición de la estancia María Dolores por parte del instituto y cuestiona la observación sobre la cantidad de votos requeridos para realizar la compra, ya que no se trató de una compra directa, sino amparados en el artículo 35 de la Ley de Colonización.
La normativa establece que “todo propietario, antes de enajenar un campo de una extensión igual o superior al equivalente a 500 hectáreas está obligado a ofrecerlo, en primer término al INC, el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago”.
En julio, otro informe externo de la Universidad Claeh solicitado por Colonización respaldó jurídicamente la compra de este campo. De acuerdo con este informe, para esta adquisición el instituto empleó su “derecho de tanteo” o “compra preferente”.
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