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Codicen «fracasó estrepitosamente» e intenta ocultarlo «mediante la persecución sindical», acusan desde Fenapes

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El recorte presupuestal de horas docentes impuesto en Secundaria por las autoridades en 2020 agravará, con la presencialidad, los efectos negativos sobre los aprendizajes de los liceales debido a la súper población de grupos, alertó Javier Iglesias, dirigente de la Federación de Profesores, en INFO24.

Iglesias se refirió primero al retorno a las clases presenciales en Secundaria y explicó que “como docente” siente “un alivio de poder volver al liceo a trabajar con los estudiantes” y así “retomar los aprendizajes de la manera que estamos preparados, formados”, siendo esta “la forma más elemental de hacerlo, que es a través de la presencialidad”.

Por otro lado los trabajadores están “muy preocupados porque esta resolución, una vez más, es una imposición de las autoridades, no hubo ninguna convocatoria previa a los trabajadores, a los sindicatos, a las ATD liceales tampoco”; es decir que “no ha habido ningún trabajo previo” para “discutir cómo evaluar este proceso de cuatro meses” sin clases en aulas “o cómo retomar los procesos presenciales en este momento; y también la preocupación de que el recorte presupuestal de miles de horas que veníamos denunciando el año pasado, y que este año en los primeros meses se hacía sentir muy duro (…), va a generar también problemas”.

Por ejemplo, “dada la necesidad de cumplir los protocolos, el distanciamiento entre estudiantes, la súper población que tenemos en una cantidad de grupos en todo el país va a generar que todos los chiquilines no puedan ir al liceo los mismos días, va a obligar a rotar y ahí entendemos que se siente el recorte”; y “la incertidumbre de cómo se va a monitorear en los liceos el cumplimiento de los protocolos sanitarios”.

Recordó en ese sentido que “hemos venido denunciando sistemáticamente, los sindicatos de la Enseñanza, no solamente Fenapes, la ausencia prácticamente total de una verdadera negociación colectiva durante todo este periodo”; por ejemplo, este “retorno a clases”, que implica “un punto de inflexión en el año lectivo, ha sido resuelto de forma absolutamente unilateral por las autoridades y no ha habido siquiera una comunicación previa”, método que “genera un debilitamiento de las decisiones”, con un efecto aún más negativo cuando “los grandes perjudicados de todo este proceso han sido los estudiantes”; en razón de esto último, “debería haber un esfuerzo desde las autoridades por lograr los mayores consensos y acuerdos posibles con todos los actores para que este retorno” se realice, por un lado, “sin poner en riesgo la salud de estudiantes y trabajadores”; y por otro lado, “desde el punto de vista pedagógico, que realmente tenga un impacto” beneficioso “sobre los aprendizajes de este año, que se suman también a aprendizajes muy dificultosos del año anterior”, señaló Iglesias.

Después el dirigente apuntó contra “la política de improvisar todo el tiempo” por parte de “las autoridades” educativas, ya que “los resultados prácticos de esas políticas” vienen siendo “muy malos hasta ahora; este es un Codicen que ha fracasado estrepitosamente en su política educativa, especialmente en la pandemia” y entonces “ha intentado ocultar ese fracaso mediante la persecución sindical y otras cuestiones”; “este periodo de julio ha sido una muestra de eso, ha habido poquísimos estudiantes rindiendo examen a pesar de que había muchos con asignaturas previas; y en general este sistema de virtualidad no fue entendido por estudiantes”, y “ha sido muy dificultoso para trabajadores este mecanismo de exámenes virtuales”.

Luego celebró la recolección de casi 800.000 firmas de ciudadanos que quieren sea votada la vigencia de 135 artículos de la ´Ley de Urgencia´; “se trata de un triunfo por parte de los trabajadores, de las organizaciones sociales más representativas de la clase obrera de este país”, evaluó y anotó dos implicancias principales: por un lado hay “una cuestión estrictamente democrática de plantear al gobierno nacional, (…) como ciudadanos”, que “es inadmisible que un texto legal que abarca tantas áreas, que genera transformaciones tan profundas como la LUC, pueda resolverse por ese mecanismo, en donde prácticamente no hay debate parlamentario, no hubo discusión”; por eso “ahora vamos a ir a un proceso mucho más democrático donde estos artículos de la Ley van a ser discutidos y finalmente tendrán el aval o no de la ciudadanía; por otro lado, entendemos que el contenido de la Ley, y en especial estos 135 artículos, suponen un grado de retroceso en una cantidad de áreas, por ejemplo sin ir más lejos la Educación”, en donde “las decisiones son literalmente unipersonales, o sea se transforma en una especie de gerencia la dirección de Secundaria y ese gerente, la directora general, en este caso Jenifer Cherro, tiene una enorme discrecionalidad” y “no tiene objetivamente que discutir ni negociar las decisiones que adopta”; además alertó por “el contenido de la Ley en cuanto al derecho de huelga”.
Sobre la estrategia sindical y popular para la segunda etapa de la campaña hacia el referéndum derogatorio de los 135 artículos, Iglesias entiende que debe centrarse en “explicar y comparar: hay que explicarle claramente a la ciudadanía por qué estos artículos suponen objetivamente un grado de retroceso democrático y eso hay que hacerlo leyendo artículo por artículo, comparándolo con lo que está previsto ahora y lo que había anteriormente; si logramos hacer eso, no hay duda de que esta Ley va a ser derogada”.

En cuanto a los 15 profesores de San José sancionados y separados de su cargo con retención de haberes, recalcó que “toda esta política tiene que ver con un fracaso rotundo de las autoridades de la Enseñanza, y justamente a partir de ese fracaso se busca instalar en la opinión pública estos temas; se busca generar una distracción a los problemas reales y de fondo que tiene la Educación Pública y en particular Secundaria, a través de estas medidas”.