Durante el gobierno anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou y con Daniel Salinas como Ministro de Salud, se habilitó la comercialización de productos de tabaco calentado en Uruguay mediante un decreto que carecía de sustento en evidencia científica. Para justificar esa medida, se utilizaron los mismos argumentos promovidos por la tabacalera Philip Morris, como parte de una estrategia global para debilitar las políticas de control de tabaco.
Esa decisión fue el primer paso para abrirle camino al cigarrillo electrónico (también conocido como vapeador), un dispositivo electrónico que calienta un líquido con sustancias químicas, entre ellas nicotina, metales pesados, productos cancerígenos y aditivos saborizantes, diseñados especialmente para atraer a niños, niñas y adolescentes.
La estrategia de marketing de estos productos se desarrolla principalmente en redes sociales y a través de influencers o lobistas que presentan el vapeo como una opción moderna, inofensiva o incluso como una ayuda para dejar de fumar, cuando en realidad se trata de un producto creado por la propia industria tabacalera para generar nuevos adictos.
Desde 2009, en Uruguay está prohibida la comercialización de cigarrillos electrónicos, y estos dispositivos están alcanzados por la legislación de control de tabaco, incluyendo la prohibición de usarlos en espacios cerrados.
Uruguay debe mantenerse firme frente a las presiones de las corporaciones que buscan debilitar los avances logrados en salud pública, particularmente en el control del tabaquismo.
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