El dinero utilizado por el centro de salud para atender a la víctima baleada “lo hubiera usado ASSE en su lugar, y por lo tanto lo ahorró”, dice el documento presentado.
El exsenador del Frente Amplio Charles Carrera está implicado en investigaciones dentro del ámbito civil y penal. La causa, por la que terminó renunciando al Senado luego de que la fiscal a cargo, Silvia Porteiro, pidiera su desafuero, surge de una denuncia presentada en 2022 por autoridades del Ministerio del Interior (MI), encabezado entonces por Luis Alberto Heber, que lo acusaba de cometer un delito de abuso de funciones mientras fue director general de Secretaría de la cartera.
El hecho que motivó la investigación fue la asignación de asistencia económica y atención sanitaria del MI a una persona víctima de una bala perdida en 2012. Víctor Hernández recibió un disparo en su casa, presuntamente realizado por un policía desde la suya, en la ciudad de La Paloma. A partir de esto recibió asistencia médica, psicológica y un tratamiento de rehabilitación física, entre 2013 y 2016, en el Hospital Policial. Durante ese período se le entregaron también tickets de alimentación por un valor de 20.000 pesos.
La defensa de Carrera, Juan Manuel González Rossi, señala contradicciones en la estrategía del MI. En el ámbito civil el MI es el demandado y los abogados del Estado defienden a Carrera. Sin embargo, bajo las mismas circunstancias, en el ámbito penal el MI es el demandante, y los abogados lo acusan.
Según un informe presentado por su abogado a la Fiscalía, elaborado por el economista Michael Borchardt, “no se puede considerar que haya daño patrimonial al Estado”. El documento expone que, si bien a Hernandez le hubiera correspondido atención en ASSE, la opción elegida no implicó un gasto extra para el Estado. El dinero utilizado por el Hospital Policial para atender a Hernandez, “lo hubiera usado ASSE en su lugar, y por lo tanto lo ahorró”, se plantea en el texto consignado por La Diaria.
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