Tras solicitar el archivo de su causa por presunto abuso de funciones y el apartamiento de la fiscal, el dirigente frenteamplista se presentará ante la OEA y la ONU.
El exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, presentará un reclamo internacional por lawfare (uso de un proceso legal como arma política) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según informó en un posteo en X, Carrera iniciará acciones legales patrocinado por el estudio jurídico “IHR Legal” de Washington D.C. El dirigente explica que busca “sentar un precedente y marcar el camino para que el lawfare”, la persecución política en el sistema de justicia, “no tenga cabida en el sistema político" de Uruguay. Consultado por M24, señaló que en los próximos días brindará más novedades del alcance de estas acciones legales.
De esta manera, el dirigente frenteamplista da un nuevo paso en su estrategia legal, luego de haber llevado adelante diversas acciones judiciales y administrativas entre marzo y abril de este año, para levantar las acusaciones que pesan en su contra por presuntas irregularidades y abuso de funciones durante su gestión en el Ministerio del Interior en el año 2012.
A fines de marzo, su abogado Juan Manuel González Rossi dijo a M24 que no se habían confirmado los elementos necesarios para imputar a Carrera el delito de abuso de funciones, luego de presentar a la fiscalía informes de los expertos en derecho administrativo Carlos Delpiazzo y Miguel Pezzuti, en derecho constitucional Jorge Korzeniak, y en economía Michael Borchardt.
En la misma semana su defensa también presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior, para que se investigara a Asuntos Internos y a la División Jurídica de esa cartera por presentar “información incompleta y falsa” a Fiscalía para perjudicarlo. A fines de abril, los abogados de Carrera solicitaron a la Fiscalía que la fiscal Silvia Porteiro fuera apartada del caso debido a conductas "irracionales y manifiestamente inadmisibles".
Este caso se originó a partir de una denuncia presentada por el Ministerio del Interior en 2022, en la que se acusa a Carrera de autorizar en 2012 la atención médica de Víctor Hernández, un civil que quedó parapléjico tras un incidente con un policía, en el Hospital Policial.
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