"Nosotros estamos reclamando, como cualquier empleado de cualquier empresa, el despido. Van a hacer cuatro años y estamos sin cobrar toda la liquidación que corresponde", dijo uno de los extrabajadores de Casa de Galicia.
De los 2.100 trabajadores de Casa de Galicia, que cerró en 2022 por problemas financieros, todavía hay 382 exfuncionarios de la mutualista y 445 médicos que siguen desempleados. A raíz de ello el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) enfrentan juicios por despidos impagos, según informó Eduardo Preve en su espacio La Tapadita, basándose en un pedido de informes realizado por el senador nacionalista Sergio Botana.
El periodista explicó que los trabajadores siguen desempleados pese a que se estipuló en la Ley 20.226 que las cuatro mutualistas que absorbían los 40.000 socios de Casa de Galicia debían hacerse cargo, a su vez, de los funcionarios del prestador que cerró sus puertas.
El fiscal Gilberto Rodríguez, que fue quien llevó adelante el juicio contra el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, pidió tres años de prisión para Iglesias por apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta. El fallo se conocerá el viernes 19 de setiembre a las 17 horas.
Por otro lado, Preve dialogó con extrabajadores de Casa de Galicia, quienes denunciaron que el Círculo Católico fue el más favorecido, porque adquirió más de 20.000 socios y se hizo cargo el ex sanatorio de la mutualista.
A su vez, los extrabajadores contaron que muchos de los empleados que fueron al Círculo Católico siguen allí trabajando, pero que hay más de 200 funcionarios que, luego de llegar a los 90 jornales, fueron devueltos a la bolsa de trabajo, con el argumento de que no estaban conformes con su desempeño en la institución. En ese sentido, revelaron que los salarios que perciben en el Círculo Católico son "muy inferiores" a los de Casa de Galicia e incluso han perdido titularidad y antigüedad, siendo relegados al rol de suplentes.
En diálogo con Preve, también denunciaron que hubo trabajadores que, en su momento, aceptaron cobrar 170.000 pesos como despido, pero que se les impedía reclamar posteriormente. Preve recordó que Lacalle Pou vetó la ley con la que se habían asignado 30 millones de dólares para los extrabajadores de Casa de Galicia y que, posteriormente, solo se asignaron aproximadamente 8 millones, cuando la deuda asciende a 42 millones.
“Muchos funcionarios no aceptaron y hoy se están llevando juicios ante el BPS y el MSP, para que alguien se haga cargo de esos despidos”, sostuvo Preve.
"Nosotros estamos reclamando, como cualquier empleado de cualquier empresa, el despido. Van a hacer cuatro años y estamos sin cobrar toda la liquidación que corresponde", narró uno de los extrabajadores del prestador de salud.
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