En el texto presentado, Carrera alude a una “violación” de sus derechos, producto de un “espionaje ilegal” a raíz de denunciar irregularidades en el acuerdo entre el Estado Uruguayo y Katoen Natie.
El exsenador Charles Carrera presentó dos denuncias internacionales ante la Organización de la Naciones Unidas, que apuntan a la “violación” de sus derechos humanos producto del “espionaje legal” del que, a su entender, fue víctima, además de las “graves irregularidades” cometidas por Fiscalía en su causa, según las denuncias presentadas a las que accedió M24.
La denuncia presentada por Carrera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de ONU, Margaret Satterthwaite, señala la responsabilidad del Estado uruguayo por no investigar ni sancionar el “espionaje ilegal” luego de que él mismo denunciara públicamente la ilegalidad del acuerdo portuario con la empresa belga Katoen Natie.
Semanas atrás, la jueza Lorena Juliano aceptó el pedido de la fiscal Sandra Fleitas y formalizó la investigación contra Carrera, a quien se lo imputó por los delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de falsificación ideológica, en este caso como autor mediato y con un delito de utilización de información privilegiada.
En el documento presentado ante la CIDH, Carrera argumenta que en la investigación vinculada a Alejandro Astesiano, quien fue jefe de seguridad del expresidente Luis Lacalle Pou, se evidenció un plan de “espionaje y chantaje”. El mismo estaba destinado a Mario Bergara y a su persona, con el objetivo, según argumenta el texto, de que retiraran su denuncia sobre el acuerdo entre la empresa belga y el Estado uruguayo.
La explicación que brinda Carrera en el texto apunta a que enfrenta una causa penal porque, siendo él director del Ministerio del Interior “un civil fue atendido por razones humanitarias en el Hospital Policial” y que esa práctica era “habitual” en aquel entonces.
Por último, en la denuncia señala a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, quien rechazó su recusación y designó “arbitrariamente” a la fiscal Sandra Fleitas “vinculada al Partido Nacional”. Además, destaca que su pedido de desafuero fue presentado a un mes de las elecciones “sin investigación concluida”, lo que, a su entender, tiene una intención de “afectar” sus derechos políticos.
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