“Ni siquiera dudan en decir que hay que echar a estos trabajadores por su condición de militante y de puntero político. Es gravísimo lo que está pasando acá”, dijo el presidente de Adeom Salto.
En esta mañana fueron cesados 291 trabajadores de la Intendencia de Salto por el intendente nacionalista de esa comuna, Carlos Albisu, mientras la actual administración ya lleva contratados aproximadamente 50 cargos en personal de confianza de forma directa.
Con respecto a esta decisión, el presidente de la Asociación de Obreros Municipales (Adeom) de Salto, Juan Carlos Gómez, dijo a M24 que la intendencia “no tuvo la capacidad política” de reconsiderar una decisión que “lógicamente es arbitraria. “El tiempo y la justicia dará la razón a los trabajadores y a las trabajadoras, cosa que poco les importa”, agregó.
Sobre ello, Gómez explicó que con la decisión se está violando un artículo presupuestal que fue aprobado en la Junta Departamental, lo que es “muy complejo” desde el punto de vista jurídico y de las consecuencias futuras que pueda tener para la comuna. “No les preocupan los eventuales juicios que se le puedan hacer a la Intendencia, porque está claro que no salen de su bolsillo las posibles indemnizaciones para los trabajadores, porque eso lo va a terminar pagar el pueblo salteño”, aseveró.
Por otro lado, Gómez contó que los trabajadores de la comuna han vivido una campaña de estigmatización y odio “nunca vista” y que el gobierno departamental, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, ha instalado una campaña de desprestigio hacia los funcionarios municipales. Según Gómez, el insulto y el agravio hacia ellos se ha vuelto “moneda corriente”.
“Ni siquiera dudan en decir que hay que echar a estos trabajadores por su condición de militante y de puntero político. Es gravísimo lo que está pasando acá”, subrayó el presidente de Adeom Salto.
Gómez adelantó que en la noche se llevará a cabo una asamblea en la que decidirán qué medidas tomar y que entiende “necesario” que el sistema político discuta el asunto y se comprometa con lo que aconteció en el departamento de Salto. “Entendemos que el sistema político tiene una responsabilidad y por eso nuestro sindicato le solicitará una reunión al presidente de la República”, concluyó.
Albisu justificó la decisión
En conferencia de prensa esta mañana, Albisu dijo que la decisión “dolorosa” se tomó en base a “sólidos argumentos jurídicos”, dado que el convenio colectivo por el que se pretendió dejar como permanentes a los 291 trabajadores es “claramente violatorio” de normas legales y constitucionales. “No es fácil tomar esta decisión porque hay seres humanos involucrados, pero nuestra primera obligación como gobernantes es pensar en todos los salteños y hacer respetar la ley y la constitución”, agregó.
A su vez, dijo que era “necesario ordenar la casa” y puntualizó que los salteños “estaban pagando” por los 291 funcionarios ingresados por designación directa del exintendente Andrés Lima un total de 20 millones de pesos por mes, lo que se traduce en seis millones de dólares por año. Albisu aclaró que los funcionarios cobrarán su liquidación correspondiente, lo que le costará a las arcas de la comuna unos 750.000 dólares.
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