La contratación de personal a través de A Ganar se hizo “para evitar aportes y generar un escenario de clientelismo que para mí es contundente, claro”, expresó Brenta.
El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta indicó que las contrataciones estatales con la Fundación A Ganar tuvieron dos objetivos: evitar el pago de aportes y generar “un escenario de clientelismo” a favor del Partido Nacional (PN). Entre 2020 y 2025, fueron asignados a la Fundación un total de 90 millones de dólares, informó este miércoles a Nada que perder.
Brenta recordó los estatutos registrados en el Ministerio de Educación y Cultura, que ubican a la Fundación A Ganar como una organización que se dedica a la inserción de jóvenes y adolescentes y de población vulnerable al mercado de trabajo.
Sin embargo, los informes en poder del senador precisaron que en algunos lugares “claramente no” fueron contratadas personas de esos grupos sociales: “el caso más claro es la Dirección Nacional de Arquitectura, donde se contrataron arquitectos”.
Sobre los motivos para utilizar este mecanismo, Brenta expresó: “Creo que se hizo simplemente para evitar aportes y generar un escenario de clientelismo que para mí es contundente, claro, me he cansado de escuchar denuncias”, aseguró en referencia, sobre todo, a testimonios que le llegaron desde Maldonado.
En ese departamento, avanzó Brenta, el mecanismo tenía un “claro rol político, en el sentido de orientar a quienes contratan a votar al PN, con todas esas situaciones de asistir a los actos, sacarse fotos con el candidato", apuntó y agregó: "Son cosas que todo Maldonado sabe porque me lo han dicho no solo personas, también periodistas”.
Recordó que la Fundación ganó licitaciones durante los gobiernos del FA, pero insistió: “nunca hubo 90 millones de dólares por ningún lado”.
Fundación A Ganar es la única oferente en licitación de la Intendencia de Paysandú
En la entrevista, Brenta mencionó la licitación nº.1/2025 de la Intendencia de Paysandú, cuyo único oferente es la Fundación A Ganar. Mediante este llamado, el gobierno departamental contratará personal para las áreas sociales, deportivas, culturales y cuidados, según denunció este martes el periodista de M24 Eduardo Preve.
Por esta decisión de la Intendencia que encabeza el nacionalista Nicolás Olivera, la bancada de ediles del FA emitió una declaración por la cual solicitaron que esta licitación quede sin efecto o se suspenda. La bancada indicó que el vínculo anterior con la Fundación A Ganar es “poco transparente” y que esta organización tiene “sospecha por evasiones en DGI y BPS”.
Brenta reiteró en M24 que el 88% del total de licitaciones analizadas fueron con cuatro intendencias conducidas por jefes comunales del PN: 40 millones de dólares con la Intendencia de Maldonado, 13,5 millones con Paysandú, 8,9 millones con Rocha y 2,8 millones con Durazno.
Además, sostuvo que profundizará sobre los contratos en las comisiones binacionales (comisiones mixtas de Salto Grande, Río Uruguay y Río de la Plata), que no tienen contralor del Tribunal de Cuentas de la República. “Hay contrataciones en cantidades bastante interesantes de funcionarios contratados por este mecanismo”, adelantó.
El asunto será abordado por la bancada de senadores del FA. “Tenemos que evaluar si vamos a tomar alguna acción parlamentaria”, como una comisión investigadora “que analice las contrataciones una a una” y que “evalúe cuándo correspondía exoneraciones tributarias”.
Sobre este último punto, indicó que las exoneraciones tributarias son “correctas” cuando las organizaciones cumplen el papel de atención a la población vulnerable, pero cuando proporciona recursos humanos es como una empresa cualquiera que debe pagar impuestos.
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