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Acuerdo con Katoen Natie

Apareció un informe del Tribunal de Cuentas que contradice las conclusiones del informe jurídico de febrero

Terminal Cuenca del Plata de la empresa Katoen Natie, puerto de Montevideo. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS
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Terminal Cuenca del Plata de la empresa Katoen Natie, puerto de Montevideo. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

Los ministros del Tribunal de Cuentas deberán laudar entre las consideraciones de dos informes jurídicos con resultados opuestos. El primero, elaborado el 18 de febrero, indica al acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie como “objetable en cuanto a su regularidad jurídica”; el segundo, firmado este lunes 7, propone que el TC resuelva “no formular observaciones” y confirme la extensión por 81 años de la concesión del área especializada del Puerto de Montevideo.

El nuevo informe del 7 de marzo subraya que no comparte lo informado y proyectado por los informantes actuantes y solicita que “deberá tenerse presente que obran dos proyectos de resolución a elevarse al Cuerpo”. Este documento fue suscrito por la abogada Irene Bucero y contradice el anterior, firmado por Lourdes Pérez Noya y Juan Pablo Hernández. Ambos informes están en el mismo expediente y ahora están a estudio de los ministros del Tribunal de Cuentas.

Según el informe crítico del acuerdo, el convenio entre el gobierno y Katoen Natie no cuenta con el suficiente respaldo de informes que demuestren su conveniencia. Sin estos documentos, señalan los abogados Pérez Noya y Hernández, el acuerdo quedó sin demostrar que caerá en configuración de un monopolio, faltaron pruebas del beneficio al interés general o de la eficiencia portuaria, cómo se determina la prórroga o si ésta satisface los fines e intereses generales perseguidos.

No es la opinión de Bucero. Este lunes 7 suscribió su informe, siete días hábiles después de la nota publicada por el semanario Búsqueda, en base al informe de Pérez Noya y Hernández. Para la abogada, la prórroga está “ajustado a derecho”. Además, considera que la empresa Montecon, que inició la denuncia por monopolio de Katoen Natie, no es un “eventual tercero afectado”.

Acusó a las administraciones anteriores de desvirtuar la Ley de Puertos, indicó a la terminal de contenedores que opera TCP (es decir, el Estado y Katoen Natie) de ser las únicas que pueden operar con este tipo de carga, subraya que el acuerdo firmado en febrero de 2021 no innova ni contraviene la Ley de Defensa de la Competencia. Según Bucero, la prórroga por 50 años está “ajustada a derecho”.

“Resulta sorprendente que existan dos informes antagónicos que tratan sobre el mismo asunto. Al menos, ambos informes concluyen que el Presidente de ANP Juan Curbelo, cometió irregularidades atribuyéndose competencias del Directorio, en el asesoramiento al Poder Ejecutivo”, escribió el senador frenteamplista Charles Carrera en su cuenta de Twitter. Toda la bancada de senadores opositores denunció este acuerdo en la justicia.

Tras la ampliación de la denuncia y la comparecencia de Carrera y del senador Mario Bergara a la fiscalía, ambos legisladores sostuvieron que la prórroga y demás modificaciones que beneficiaron a la firma belga Katoen Natie son “ilegales, inconstitucionales e inconvenientes”.

Pero a pesar de que los informes de los abogados del Tribunal de Cuentas son antagónicos, ambos coinciden en las críticas al trabajo del Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Bucero redactó que Curbelo no manifestó la “voluntad orgánica” de la administración sobre los cambios en el reglamento de atraque y en la prórroga de la concesión. La sugerencia de Bucero es que el Tribunal falle con una observación sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo, en cuanto a lo asesorado por Curbelo.