Antropólogo Del Castillo: la LUC retoma una visión perimida sobre la minoridad infractora que parecía saldada tras el plebiscito de 2014
01/06/2020
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Entrevistado en InterCambio el antropólogo Federico del Castillo, habló sobre los contenidos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) referidos a los asuntos de seguridad pública, política criminal y legislación penal.

Del Castillo analizó críticamente los contenidos de la LUC sobre temas criminales y penales a la luz del “sistema penal en su totalidad”, que refleja una “inflación al alza” de las medidas y políticas punitivas, lo que se expresa en el hecho de que “tenemos no solo más penas, más cárceles, más plazas, más personas” presas sino también “más recursos policiales” y otros “y sin embargo esto no parece incidir positivamente sobre los indicadores”.

Razonó que “esa hipótesis” punitivista “no se sostiene porque no hay estudios serios que correlacionen” esa inflación coercitiva y penal “con una baja de los delitos”; lo ejemplificó recordando que ahora en Uruguay “superamos las 12.000 personas privadas de libertad (…) más 5.000 cumpliendo sanciones (…) en la comunidad (…) más los adolescentes”, en total “alrededor de unas 19.000 personas procesadas por el sistema penal”.

Añadió como datos elocuentes que “la tasa de prisionización” de Uruguay “ocupa el lugar 28, 29 del mundo” tal como “ocupa el segundo lugar en Latinoamérica detrás de Brasil”, indicando que “llama la atención esta tendencia”; en nuestro país hay “421 policías cada 100.000 habitantes” cuando “en la región la promedio es 368 (…) y si uno pasa al sistema de justicia” se encuentra con “prácticas de sentencia muy conservadoras”.

Advirtió que “la LUC (…) aumenta el margen de discreción de los policías” para proceder “sin controles adecuados” y detalló algunos casos posibles de criminalización en general y de la protesta en particular; resumió al respecto que “inquieta mucho leer la letra de la Ley”.

Alertó asimismo que “se habla poco en la Ley” de que esta “también desprotege a los policías”; recordó que “los policías retirados” están en esa situación “por algo”, pero la LUC “los expone” a situaciones delicadas, ya que “un policía que se retiró hace 10 años no está actualizado”, señaló.

También criticó que “la Ley extiende este margen” horario laboral mediante el servicio denominado 222, “en vez de mejorar las condiciones” salariales y laborales de los efectivos para que no tengan que hacer eso.

Después valoró que la incorporación en la LUC de nuevas disposiciones punitivas para los menores “es una muy mala noticia”; razonó que “el debate en Uruguay sobre la minoridad infractora parecía estar saldado” después del plebiscito de 2014, pero el contenido de la LUC referido a este tema regresa hacia “una visión de estos asuntos que está perimida”, apuntó.

En términos generales, el entrevistado reflexionó por un lado sobre el hecho de que “también los gobiernos progresistas han adherido a este tipo de medidas” de corte punitivo, pero por otro destacó que “en los gobiernos pasados hubo grandes avances en este sentido” y señaló que en el Estado, “las contrapartes del Ministerio del Interior” no siempre estuvieron a la altura del desafío de construir políticas públicas coordinadas para el tema.

Ejemplificó algunas de las limitaciones de los gobiernos frenteamplistas resaltando que “la Dinali hizo un trabajo formidable (…) pero tiene 60 plazas” disponibles cuando en el país hay “12.000 personas” recluidas.