La semana pasada la prensa divulgó que las familias de 1.190 alumnos perderían la asignación familiar por no ir a la escuela o el liceo. La misma noticia aclara que para evitar la retención era suficiente anotar al menor en un centro de enseñanza en los próximos días. La información supone un cambio notable: o el ausentismo se redujo a un porcentaje mínimo (algo más de mil “faltadores” en toda la matrícula de ANEP, sería una mejora enorme) o no se cumplen las leyes* que requieren la “concurrencia asidua” y sólo se controla la inscripción, “ser alumnos activos”.
La cantidad es la décima parte de los 11 mil suspendidos en el 2022, cuando el Ministro Lema proponía adoptar medidas “antipáticas” cuando los padres no envían sus hijos a clases.
Sólo como otra referencia, en 2013, registraban 3 faltas o más por mes, 32.000 estudiantes.
En este 2023, cuando la asignación beneficia a cientos de miles de hogares, la suspensión de 1190 prestaciones es menos del 1%. El cambio hace sospechar que hace 10 años se sancionaban las faltas reiteradas (ausentismo), el año pasado a quien dejó de concurrir (deserción o desafiliación), en este a quien no está inscripto (excluido del sistema).
El año pasado, último con datos completos, fue de pésima asistencia sin que la ANEP tomara medidas urgentes. El 2023 no trae buenas noticias, aún sin cifras finales la extensión de las vacaciones de invierno y la asistencia intermitente instalan un “estilo de escolarización” de baja intensidad.
Primaria reaccionó muy tardíamente (agosto), con el plan “Asiste” que sin más recursos asignados, se limita a un largo repertorio de buenas ideas para reintegrar los estudiantes a clase. Un plan tan inconsistente que tiene como objetivo que las faltas no sea más del 12% en 2023, pero focaliza la intervención en alumnos con un 10% o más faltas en el primer trimestre, es decir en estudiantes que ya estarían cumpliendo la meta.
DATOS DEL MONITOR 2022
El promedio de días asistidos en Primaria fue 152, sobre 182 jornadas, el más bajo desde el 2000, aún peor que el del 2009, año de la gripe H1N1. Ello significa que un alumno “tipo” faltó un mes y medio de clase. Ausencias que se agravaron en 1° año y en Montevideo, donde menos de la mitad de los alumnos (48%) tuvieron “asistencia regular” (máximo 20 faltas).
El mismo indicador en Educación Inicial fue 133, o sea que cada niño faltó en promedio 2 meses y medio, y en los contextos más críticos faltó un día cada tres.
La asistencia insuficiente registra a los alumnos que sólo asistieron entre 71 y 140 días, que “van un día y faltan otro”, que suman 2 ó 3 meses de faltas. En esta situación quedó el 20% de los escolares de Primaria (48.243), casi el doble de los 25.995 que habían quedado en 2019. La asistencia insuficiente fue aún peor en 1er. año, alcanzando a uno de cada 4 alumnos (26,7%).
La asistencia insuficiente se ordena según el contexto de la escuela: en las de entorno más crítico (Quintil 1) casi un tercio de los alumnos caen en esa situación, en el extremo opuesto (Quintil 5) sólo uno de cada diez niños tienen ausentismo grave.
Según el tipo de escuela, los sesgos se repiten: las ubicadas en barrios de pobreza y con una jornada de 4 horas (APRENDER), tuvieron un 30% de alumnos “faltadores”, todas las otras instituciones tienen alrededor del 15% de asistencia insuficiente.
El resumen es grave: 2022 registró el mínimo de días asistidos en décadas y duplicó los escolares con asistencia insuficiente respecto a los 20 años anteriores a la pandemia.
ALGUNA EXPLICACIÓN DEL AUMENTO DEL AUSENTISMO
El ausentismo es el principal problema que enfrenta la escuela pública con consecuencias graves: menos aprendizajes, dificultades en la socialización, discontinuidad en el acceso a los comedores, riesgo de extraedad y deserción temprana, etc. Desde los años 90, los estudios coinciden en el perfil del alumnado con peor asistencia: mayoría en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas y bajo nivel educativo, desempleo de los padres, familias numerosas y con hacinamiento, donde muchos adultos no perciben como frecuentes las faltas del niño, y justifican el ausentismo en razones de salud, mal clima, transporte y desinterés.
Esto llevó a convocar “a la escuela todos, todos los días”, con diversas acciones: retención de la asignación familiar, campañas públicas como la “Cero Falta” y el “Protocolo de seguimiento y actuación” (Circ. 31/2014) que lograron mejoras, pero sin resolver definitivamente el problema.
La Administración instalada en 2020 afrontó la pandemia y el decreto de interrupción de los cursos, la no presencialidad fue necesaria durante meses, y opcional luego con la resolución de CODICEN (N° 4 del 17 de marzo 2021) que “estableció que no será obligatoria la asistencia presencial de estudiantes matriculados en educación inicial, primaria y media a los centros educativos…”. Lo opcional instaló un hábito. Dos años de asistencia irregular (apenas 180 días lectivos) desandaron un siglo y medio de obligatoriedad y ambientaron una pérdida de la cultura de la asiduidad.
Sin embargo no sólo fueron las decisiones relativas a la pandemia las que erosionaron el concepto de la obligatoriedad; la Ley de Urgente Consideración en su artículo 127 derogó la responsabilidad de los adultos de “inscribirlos en un centro de enseñanza observando su asistencia y aprendizaje”, remitiéndose a la obligatoriedad genérica del Art. 70 de la Constitución. La eliminación de un texto que prescribía el alcance de la escolarización, la hizo menos exigente.
Igual sentido de “permisividad” se instala cuando en agosto del año pasado el CODICEN anuncia la eliminación de la repetición en 1°,3° y 5°. Estos años concentran el 70% de la repetición, . Se impuso así en los hechos la promoción automática sin considerar las asistencias. Las cifras son elocuentes: con más de 50 mil escolares con asistencia insuficiente, la repetición baja al mínimo histórico de 6.917 niños.
La omisión del Estado en exigir la “concurrencia asidua” para cobrar la asignación es otra muestra de desinterés en la asistencia. Paralelamente la inexistencia de campañas de bien público que den relevancia social al problema da cuenta de una ANEP indolente y despreocupada.
Esta “permisividad oficial” impacta más en las familias más vulnerables, alienta actitudes abandónicas, dejando de lado el “interés superior del niño” al negarle oportunidades de aprendizaje e inclusión.
Una asiduidad “en retirada”, no obligatoria para la promoción, no exigida para percibir la asignación, no requerida públicamente, debilita el sentido de la Escuela Pública, el alcance del derecho humano fundamental a la educación. …”eludir la obligatoriedad sería garantizar el derecho a la ignorancia…” decía Varela en “La educación del pueblo”.
Una ANEP prescindente que admite una escolaridad “intermitente” y socialmente estratificada, profundiza grietas… Se parece a un “pase social” que condena a los alumnos a la vez que oculta datos dramáticos y disimula una pésima gestión.
Mtro. Héctor Florit
*Decreto Ley 15.084, Ley 18.227 y Decreto 239/015.
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