“Se ve que hay gente que le molesta que estemos trabajando para los pobres, para la gente más necesitada del sector rural”, indicó el presidente de Colonización.
El presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry, aseguró en diálogo con M24 que el organismo cuenta con “toda la argumentación” para corroborar que la compra de la estancia María Dolores fue realizada “dentro de lo que marca la Ley”. Henry expresó que no entiende "los motivos detrás" de la denuncia. “Se ve que hay gente que le molesta que estemos trabajando para los pobres, para la gente más necesitada del sector rural”, indicó.
El jerarca consideró al inicio del debate que la crítica era “por el hecho concreto” de la compra, pero en la actualidad entiende que “trasciende el problema de María Dolores”, porque “aquí hay un problema con la política de tierras” que impulsa la administración actual. El predio de 4.404 hectáreas está ubicado en Florida y su compra requirió una inversión de 32,2 millones de dólares.
Para Henry, la discusión debe enfocarse en el rol del organismo: “Pensamos que el INC es un excelente instrumento para tener una política de tierras y hay otra gente que piensa que el mercado debe regular todo”. “Creo que ese es el debate de fondo y no buscar tanto vericueto a una cosa que desde mi punto de vista es muy sencillo: la compra se había pactado entre privados y el INC está en su derecho de intervenir y, en este caso, hacer la opción de la compra”.
Henry sostuvo que ahora hay que esperar la decisión del Poder Judicial pero aseguró que “no hay motivo” para que la denuncia avance porque el INC se asesoró “suficientemente para esto”.
Henry explicó a M24 en agosto que el predio contará con 16 tambos nuevos, campos de recría y producción de forraje para más de 200 productores lecheros. “Estamos trabajando con asociaciones de la zona que ya tienen experiencia en campos del INC”, expresó.
Tres diputados denunciaron la compra de la estancia María Dolores
La incorporación de estas tierras a la cartera del INC fue confirmada el lunes 11 de agosto y dos días después se desarrolló la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por parte del senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva, quien señaló la adquisición como un “gasto excesivo”. Finalmente, la sesión parlamentaria fue suspendida tras insultos homofóbicos del senador interpelante a su par del Frente Amplio, Nicolás Viera.
Al final de la convocatoria, el diputado del Partido Colorado (PC) Juan Martín Jorge solicitó la instalación de una preinvestigadora en la Cámara Baja que finalizó su tarea con dos informes a tratar en la sesión del 2 de setiembre, pero los diputados de Cabildo Abierto (CA) solicitaron aplazar la decisión hasta después de la discusión por el Presupuesto. Con votos de CA y del Frente Amplio, la sesión pasó al 9 de diciembre.
Tras esta decisión, los diputados Gustavo Salle, de Identidad Soberana; José Rielli, del PN y el propio diputado Jorge, se presentarán ante la Justicia para denunciar la compra de la estancia.
Los motivos del diputado Jorge para solicitar la investigadora fueron resumidos en diálogo con M24. En primer lugar, indicó la situación de los colonos “que tomaron la decisión estaban en una situación de violación” de la Constitución, en referencia a Eduardo Viera, expresidente del INC que renunció dos semanas después del anuncio de la compra, el 14 de mayo, durante el sepelio de José Mujica, y de Karina Henderson, en representación de la Comisión Nacional de Fomento Rural.
Por otro lado, Jorge señaló que la compra fue aprobada con tres votos en cinco cuando “las cátedras hablan de cuatro votos” y porque la compra no contaba con “créditos presupuestales lo que es una violación del TOCAF [normativa que regula la gestión financiera del Estado]. Además, fue negado un informe jurídico solicitado por el director Luca Manassi (PC) “lo cual ya es grave”, y luego se solicitó un informe jurídico a la Universidad Claeh “con la que no había antecedentes”, indicó Jorge.
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