Ana Olivera: Ley de Urgente Consideración quita competencias de rectoría al Instituto de las Personas Mayores
29/04/2020
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La situación de las instituciones de cuidado de larga estadía para adultos mayores ha sido tema de debate a partir de la conferencia que realizó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado el pasado fin de semana donde se dieron a conocer algunos datos sobre estos centros.

Entrevistada en InterCambio, la diputada y exsubsecretaria del Mides, Ana Olivera, detalló la situación que encontraron en el año 2005 y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy.

La legisladora explicó que “en la historia de estos residenciales había una visión solo sanitaria, no es un giro idiomático decirles ´residenciales de larga estadía´ porque no necesariamente allí todas las personas que están tienen problemas sanitarios; sí hay en muchos casos hay pérdida de autonomía y requieren otro tipo de atención”, esto significó un “cambio de paradigma” sobre “el tema de los adultos mayores que tiene un carácter socio-sanitario”.

En primer lugar se estableció “un traslado de competencias al Mides y luego con la creación del Sistema de Cuidados” se establecieron las competencias de cada organismo. Para estos centros hay una habilitación de carácter sanitario que la otorga el Ministerio de Salud Pública y otras condiciones sociales que tienen como órgano rector al Ministerio de Desarrollo Social.

La primera vez que se obtuvieron datos como Estado fue con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y el primer censo de personas mayores se realizó en el año 2014, con el que se obtuvieron los primeros “reales” y el segundo censo realizado dos años después.

En ese sentido, expresó que “uno puede hacer las cosas mejor o peor, pero no que este tema no haya sido de preocupación y ocupación” por parte de las anteriores autoridades.

Sobre los 110 centros detectados que no cumplen con el respeto a los Derechos Humanos de los que residen allí, la exjerarca explicó que se hizo “un seguimiento de esa situación, se realizaron múltiples denuncias y se clausuraron varias de ellas” y en las que no había condiciones para reubicar a las personas que allí estaban, se hacía  un “seguimiento por parte de las instituciones implicadas” en el control de estas situaciones.

La dirigente frenteamplista reclamó a las actuales autoridades de la cartera, que más allá de la información brindada por el gobierno que “era conocida, no deja en claro qué fue lo que sucedió a partir del 13 de marzo” ya que “recién llegó la persona encargada del Instituto de las personas mayores el 14 de abril”.

Finalmente lamentó que “en el primer borrador de la Ley de Urgente Consideración se eliminaba el Instituto de las Personas Mayores, en el actual no se elimina, se le quita competencias de la rectoría”; junto con esto, “en estos meses hay muchos funcionarios de los que están allí que han sido trasladados a otros lugares con la importancia que tiene en medio de la pandemia”, concluyó.