El programa de la coalición de izquierda contiene un extenso capítulo dedicado al tema vivienda donde plantea fortalecer un Fondo Nacional de Vivienda, ejecutar programas de atención a la emergencia habitacional, y “duplicar los recursos destinados a vivienda”.
El Frente Amplio ya habilitó su programa político 2025-2030 que terminó de ratificar en el Plenario Nacional de marzo luego de analizar durante más de un año el proyecto entre técnicos, fuerzas vivas y las bases.
En el capítulo “Un país de bienestar para todas y todos” hay un ítem denominado “Vivienda, hábitat y espacio público: territorios, y ciudades integradas y habitables”.
En uno de los pasajes del texto se plantea “desarrollar de manera enérgica la política nacional de alquileres combinando diferentes instrumentos (…) un sistema de alquiler social regulado en precios, plazos y renovaciones, paralelo al actual”. “El actual sistema seguirá funcionando”, acota.
Y agrega: “Quienes opten por el nuevo sistema recibirá estímulos estatales (garantías, subsidios, préstamos blandos para mejoras, etc.). Complementariamente, se conformará un parque de viviendas de propiedad estatal para alquiler social”.
Además, la coalición de izquierda se compromete a “fortalecer el fondo nacional de vivienda y urbanismo con recursos propios y permanentes. La financiación del fondo estará basada en la profundización de la política tributaria que ha impulsado el Frente Amplio con el objetivo de duplicar los recursos destinados a vivienda”.
Otro compromiso asumido por la ahora oposición es la de “fortalecer la COAVI (Comisión Asesora de Vivienda) con el objetivo de garantizar que la opinión de los sectores de la sociedad civil organizada, sea tenida en cuenta a la hora de definir las políticas públicas de vivienda”, al tiempo que se prevé “eliminar las cargas impositivas a la inversión en los programas de vivienda social con financiamiento público”.
Respecto a los asentamientos, el Frente Amplio entiende que habrá que “acelerar la política de regularización y realojos de familias que viven en terrenos inadecuados”.
En este capítulo se entiende que “es imprescindible integrar a las personas excluidas del espacio público y del derecho a la ciudad (se deberá cambiar la lógica de intervención en los asentamientos) y evitar en la aplicación de las políticas públicas, la autoexclusión en enclaves cerrados (barrios privados o cualquier eufemismo), para los que la planificación deberá establecer formas de integración al espacio democrático, integración a la ciudad de todos y todas”.
Una política de vivienda, señala el texto, es el “desarrollo territorial con equidad”, lo cual “implica extender las coberturas desde la Infraestructura, equipamientos y servicios”.
Dentro de las llamadas “acciones prioritarias” se plantea “priorizar la ejecución de programas de atención a la emergencia habitacional de forma coordinada, integral e interinstitucional, con un enfoque territorial, participativo y comunitario con recursos y metas claras, sobre todo a familias en situación de pobreza y precariedad urbano habitacional, priorizando aquellas con niñas y niños a cargo, hogares con jefatura femenina y aquellos que cuenten con integrante/s con discapacidad”.
Para esto, asegura el documento, es preciso reconstruir “los programas sociales que el actual gobierno ha eliminado o suspendido, así como continuar con los programas que han probado ser exitosos como las cooperativas de vivienda, en especial aquellas que se rigen por el régimen de ayuda mutua, MEVIR, Plan Juntos, subsidios de alquiler y los programas para sectores de ingresos medios y medio bajos, fomentando alternativas a la propiedad privada individual, promoviendo proyectos inclusivos, evitando la segregación”.
Al final del capítulo de vivienda hay una mención sobre la participación privada en el financiamiento y construcción de viviendas.
Afirma que “son necesarias para complementar la acción estatal con recursos públicos, se asegurará que las mismas lleguen efectivamente a los sectores sujetos de la política pública, procurando revertir la tendencia a sustituirlo desvirtuando una política social, generando condiciones para el desarrollo de operaciones inmobiliarias meramente especulativas”.
Inicio