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Golpe de Estado y derechos humanos

Alejandra Casablanca: “el Uruguay necesita una política de Estado de pedagogía de la memoria”

Alejandra Casablanca durante la la sesión abierta de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria en Treinta y Tres. Foto: Presidencia.

Alejandra Casablanca durante la la sesión abierta de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria en Treinta y Tres. Foto: Presidencia.

En la jornada fue instalada una placa en homenaje a Mario Eguren Loyarte en la plaza 19 de Abril de la ciudad de Treinta y Tres.

En Treinta y Tres fue instalado el primer “circuito de la memoria”, destacó la secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, en la jornada que recuerda el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

La información fue brindada durante la sesión abierta de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria que se realizó en esa ciudad con los grupos de la sociedad civil que propusieron la creación de este circuito, informó Presidencia en la jornada.

“Desde la presidencia de José Mujica lo que conmemoramos el 27 de junio es la resistencia del pueblo uruguayo a la dictadura”, destacó Casablanca luego del encuentro. La jerarca entiende que “el Uruguay necesita una política de Estado de pedagogía de la memoria”.

A la tarde, autoridades nacionales y departamentales, integrantes de la Comisión y sociedad civil participaron del descubrimiento de una placa en homenaje a Mario Eguren Loyarte, integrante del Movimiento de Liberación Nacional que perdió la vida durante un operativo en abril de 1972.

Por su lado, la directora de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Colette Spinelli, quien participó de la actividad abierta, sostuvo que “la memoria es importante porque no podemos olvidar lo que ha pasado, lo que hemos sufrido y los dolores que ha dejado la dictadura, con desapariciones y presos políticos”.

El último golpe de Estado en Uruguay comenzó en la madrugada del 27 de junio de 1973 con el decreto de disolución del Poder Legislativo firmado por el entonces presidente, Juan María Bordaberry, y se prolongó hasta el 28 de febrero de 1985. En diálogo con M24, la activista Chela Fontora subrayó"El terrorismo de Estado se llevó nuestra juventud, se llevó a nuestros compañeros". Recordó a las 197 personas detenidas en dictadura militar que continúan desaparecidas 40 años después de la recuperación de la democracia en Uruguay y señaló que "hay una deuda que siguen pagando los familiares" y los "expresos y expresas políticos".