Los académicos Marcel Achkar y Bernardo Zabaleta expresaron varias preocupaciones sobre el proyecto Arazatí durante su participación en el programa Nada que perder, señalando que la zona no es adecuada para potabilizar agua y advirtiendo sobre el alto riesgo de contaminación del acuífero Raigón. Los expertos afirmaron que el proyecto viola la Constitución y comprometerá las finanzas de OSE por los próximos 20 años.
Achkar y Zabaleta explicaron que, aunque el proyecto plantea resolver la problemática del agua en la región metropolitana, no aborda adecuadamente la presencia de bromuros en el agua del Río de la Plata, que al potabilizarse podría generar trialometanos, sustancias cancerígenas. "El problema de los bromuros está muy mal tratado en este proyecto. Si no se atiende correctamente, los contenidos de trialometanos en el agua potable comprometerán seriamente su calidad, violando así la Constitución y el derecho humano al agua potable de calidad", indicaron.
Además, advirtieron sobre la inconstitucionalidad del proyecto debido a la participación de una empresa privada en la gestión del abastecimiento de agua, lo cual contraviene la legislación nacional. “El contrato plantea que durante 20 años una empresa privada gestionará el suministro de agua bruta, lo que afecta directamente a OSE y a la soberanía en el manejo del agua en el país", señalaron.
El costo financiero del proyecto también fue motivo de preocupación. Según los académicos, mientras el proyecto debería costar alrededor de 250 millones de dólares, las proyecciones indican que podría alcanzar los 1.000 millones de dólares. "Además de los costos iniciales, habrá costos adicionales para resolver los problemas de contaminación, lo que afectará las finanzas de OSE por décadas", destacaron.
Finalmente, Zabaleta mencionó que la mitad del agua en Uruguay se pierde debido a problemas en las infraestructuras de distribución. "Si se arreglara el 50% de las pérdidas de agua, ya estaríamos resolviendo el problema a un costo mucho menor", dijo, comparando esta alternativa con el costo elevado del proyecto Arazatí.
El proceso ahora depende del Ministerio de Ambiente, que debe analizar la información y tomar una decisión sobre la autorización ambiental del proyecto. Sin embargo, el avance está detenido por un fallo judicial que impide a OSE firmar el contrato con la empresa adjudicada.
Inicio