El abogado Juan Pablo Decia explicó que hay casi 30 empresas investigadas y más de 30 personas involucradas "que serán imputadas".
Los abogados de los damnificados por el fondo Conexión Ganadera, Juan Pablo Decia y Joaquín Bonaudi, sostuvieron que detrás de este caso hay una "trama muy compleja" que puede llegar a perjudicar a 4.500 personas. A su vez, adelantaron que hay que esperar a que el síndico de la causa, Alfredo Ciavattone, presente el inventario de acreedores para saber cuáles son las posibilidades de cobro por parte de las víctimas.
En diálogo con Nada que perder, Decia se refirió a la causa como una maniobra “sin precedentes” que pone a prueba a todos los operadores y particularmente a la Fiscalía. También detalló que son entre 4.200 y 4.500 los perjudicados en total, pero aclaró que la cifra exacta estará cuando se presente el inventario de acreedores.
“Es una trama muy compleja”, explicó Decia, y agregó que hay casi 30 empresas investigadas y más de 30 personas involucradas "que serán imputadas".
Por su parte, Bonaudi dijo que aún no se conoce la cantidad de damnificados de la causa por la masividad que ha tenido la estafa en el proceso civil y concursal, que “no estaba preparado para recibir esa cantidad de víctimas”.
“Hasta que no se termine el expediente civil, no se empieza a contar el plazo de 30 días para que el síndico pueda presentar la verificación, sin perjuicio de que ya está actuando. Esto le permite al síndico tener tiempo para verificar lo que hemos presentado hasta ahora”, explicó el abogado.
Ambos entrevistados coincidieron en que el fiscal a cargo de la causa, Gilberto Rodríguez, ha tenido un “buen criterio” al querer “blindar” la formalización para evitar fisuras. De esta forma, explicaron, las personas acusadas que se están defendiendo e invirtiendo en abogados “prestigiosos” tendrán mayores dificultades.
También resaltaron que “el tiempo le dio la razón” al fiscal Rodríguez, que después de presentados los informes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), le dan las herramientas para tipificar e imputar un delito de lavado de activos a los acusados.
“La estrategia de Fiscalía de armar el caso despacio y seguro, también llevó a los propios involucrados a brindar declaraciones en Fiscalía que son lapidarias de su situación” explicó Bonaudi. En este sentido, dijo que hubo reconocimientos flagrantes de delitos de lavado, por parte de los acusados, que admitieron haber destinado el dinero de los inversores a “cosas que nada tenían que ver con lo que les prometían a sus clientes”.
Por último, Decia aclaró que el “éxito del resarcimiento” va a estar dado por los activos que el síndico pueda constatar en su trabajo, que es “la garantía común” de los acreedores.
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