González dijo que “la consecuencia práctica” es que la causa “dejó de ir para el fiscal preestablecido y pasó a la fiscal que Ferrero eligió para el caso”.
El exsenador frenteamplista Charles Carrera presentó esta semana una denuncia ante el Poder Ejecutivo contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, por considerar que, en la designación de fiscales que tratan el caso que lo involucra, tuvo una “actuación manifiestamente irregular”.
Entrevistado en Nada que Perder, el abogado de Carrera, Juan Manuel González Rossi, explicó que, a partir de un pedido de acceso a la información pública surgieron documentos de la órbita interna de Fiscalía, y la defensa entendió que esa información ameritaba una denuncia administrativa ante el Poder Ejecutivo. “La Fiscalía, como servicio descentralizado, está sujeto a la tutela administrativa respecto del Ejecutivo”, detalló el abogado.
Consultado sobre las razones de la denuncia a Ferrero, el entrevistado detalló que, con fecha 5 y 7 de mayo, la fiscal Silvia Porteiro, quien tenía a su cargo la investigación de Carrera, solicitó a la fiscal de Corte ser apartada del caso. “Se planteó la recusación contra ella por parte de la defensa, Porteiro contestó que no se verificaban los elementos que pedía la ley para que ella fuera recusada, pero por el hecho de ser cuestionada, pedía la abstención y decía que no quería estar más en la causa”, reconstruyó González.
En esa línea, el abogado dijo que, si se resolvía ese pedido de abstención, la causa de Carrera debía pasar a competencia de una de las otras fiscalías de Delitos Económicos y Complejos, donde están Gilberto Rodríguez y Alejandro Machado. Porteiro presentó las solicitudes de abstención y el 16 de mayo hubo una resolución que establece que “carece de objeto” lo solicitado por Porteiro, según narró el entrevistado.
Sin embargo, el abogado explicó que accedieron a otro expediente que contiene otra solicitud de Porteiro en la que pide traslado de Fiscalía y el 16 de mayo se dispuso ese traslado. “Entre los motivos expresados sobre la decisión del traslado, no hay nada que explique por qué una semana antes se pidió la abstención y ahora el traslado”, explicó González.
Por último, el abogado dijo que “la consecuencia práctica” es que la causa “dejó de ir para el fiscal preestablecido y pasó a la fiscal que Ferrero eligió para el caso”. “Ferrero eligió una persona para resolver un caso, lo que va en contra de la Ley Orgánica de la Fiscalía”, concluyó.
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